Es el cuento de nunca acabar. La historia que se repite una y otra vez en distintos escenarios sin que exista un consenso acerca de hasta dónde llegan los derechos de personas que de manera legítima o manipulada se manifiestan con bloqueos a la libre circulación de personas y vehículos y aquellos de quienes -sin tener vela en el entierro-, terminan pagando las consecuencias.
Un ejemplo es lo que está ocurriendo desde el pasado lunes dos de enero en los alrededores de la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán. Un grupo de artesanos que se proclaman indígenas mayas, decidieron bloquear los accesos ni más ni menos que a una de las siete maravillas del mundo moderno y sin lugar a dudas el mayor atractivo turístico en su tipo a nivel nacional.
Los efectos económicos han sido devastadores y la ola expansiva afecta de manera particular a tour operadores de toda la región y del país en general, quienes han sufrido cancelaciones de cientos o miles de visitantes que quizás cruzaron medio planeta para conocer estos vestigios.
Argumentan los inconformes que el representante del gobierno federal en la zona, Marco Antonio Santos, pretende desalojarlos. También lo acusan -hasta el momento sin pruebas-, de supuestos actos de corrupción y aseguran que no levantarán los plantones hasta que sea despedido.
El conflicto crece y no se vislumbra una pronta solución. Las autoridades, en su derecho, no tienen por qué remover a un funcionario sin que existan evidencias claras de presuntas irregularidades.
Los manifestantes, también en “su derecho”, seguirán estirando la liga sin importar las consecuencias que por supuesto también dañan la imagen de nuestros destinos turísticos a nivel mundial.
Hay quienes opinan que ningún bloqueo debería permitirse y que en cambio habría que utilizar la fuerza pública. Otros, consideran que la violencia solo agrava los conflictos y atenta contra los derechos humanos de quienes exigen respuesta a sus demandas.
Chichén Itzá es un ejemplo, pero aquí en Quintana Roo también hemos tenido casos similares y para la autoridad no es fácil asumir posturas intolerantes pero tampoco indolentes. Usted, ¿qué haría al respecto?
